lunes, 7 de julio de 2014

Una ballena sorda, es una ballena muerta


A esperas de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publique la Declaración de Impacto Ambiental, la empresa petrolera escocesa Cairn Energy, a través de su filial Capricorn Spain, podría dar comienzo a la segunda fase de su proyecto. Después de concedérsele en 2010 el permiso de investigación y tras una primera fase de documentación, el siguiente paso a seguir consiste en un sondeo acústico en busca de petróleo (o gas) bajo nuestro suelo marino, concretamente en el golfo de Valencia, a tan solo 18 km de la costa peninsular, y 35 km de la costa ibicenca. Como este, pero en estadios previos, se encuentran los proyectos de investigación en busca de yacimientos de hidrocarburos explotables comercialmente que la compañía Spectrum Geo Limited pretende llevar a cabo en el sud-este de la costa balear.
A una intensidad de 259 decibelios (10.000 veces más que el ruido de un avión de reacción), las ondas acústicas emitidas por los dos cañones de aire comprimido de alta presión que serían transportados diariamente por un buque sobre los 3200km cuadrados a explorar, conllevarían una amenaza para los diversos enclaves de gran valor ambiental localizados en la zona. Entre otros, los efectos nocivos sobre muchas de las especies marinas serían de esperar: las tortugas, depredadoras naturales de las medusas, podrían verse afectadas, y la muerte de larvas y juveniles de muchas de las especies de peces bajo estas circunstancias es un hecho ya contrastado que afectaría a uno de los sectores de mayor relevancia de la zona mediterránea, el sector de la pesca. El área a investigar es también un corredero de migración de cetáceos, los cuales podrían manifestar cambios de comportamiento y sufrir daños fisiológicos irreversibles en el sistema auditivo.

“UNA BALLENA SORDA, ES UNA BALLENA MUERTA”, 
me recordaba ayer Carlos Bravo, coordinador técnico de Alianza Mar Blava, y responsable de energía nuclear de Greenpeace.

A día de hoy, gran parte de la sociedad, a nivel individual o agrupada en asociaciones que engloban entidades de muy diversos sectores, está mostrando su oposición ante un proyecto de tales características. Son ya numerosos los casos en los que una fuerte resistencia social ha impedido la realización de proyectos desmesurados; podría ser este uno más. Si es cierto pero, que en caso de negárseles ahora la continuidad del proyecto, a no ser por negativa de los permisos ambientales, la empresa promotora se vería indemnizada por el gobierno central con un total de 450.000 euros correspondientes a los gastados declarados por esta en la fase de documentación. No obstante, en caso de que el proyecto avanzase a otros estadios y paralizarse, por ejemplo, una vez comenzada la fase de sondeo, la indemnización a percibir se incrementaría de manera exponencial, pues solamente la actividad de la embarcación ya presenta un coste elevado. Por otro lado, a pesar de que no es sencillo (por no decir imposible) distinguir entre una bolsa de petróleo de una de gas, o bien simplemente de una bolsa vacía, todas las halladas contarían como posibles fuentes de ingreso para la empresa, y por tanto deberán ser indemnizables. 

La tercera fase, conocida como fase de exploración o sencillamente perforación, es además de la más costosa, la que más riesgos planeta, pues además de la imposibilidad de acceso humano a la zona de trabajo, cabe tener también en cuenta la poca visibilidad y las extremas presiones que se dan en aguas profundas. Las probabilidades de vertido son elevadas y actuar ante cualquier contrariedad en dichas condiciones, siendo positivos, supondría meses. 

En caso de encontrarse petróleo, el crudo extraído sería transportado en buques o a través de oleoductos, siendo la amenaza de marea negra constante en la zona. España seguiría pues importando su combustible bajo mercado internacional mientras todo el extraído de sus aguas sería directamente exportado, sin ningún tipo de canon, a excepción del establecido al concedérseles el permiso de investigación, 7 céntimos de euro por hectárea y año de estudio.

Todas las posibles consecuencias mencionadas son sumamente graves, no solamente sobre el medio ambiente, sino también sobre la economía de las Baleares y la costa Peninsular, lugares de gran interés ecológico que dependen de su riqueza ambiental. Preservarla es, no nuestro derecho, sino nuestro deber. 

En ello, nos va la vida.

M.P. Tysoe


Información facilitada por Carlos Bravo, coordinador técnico de Alianza Mar Blava.
El texto está sujeto a posibles errores, y todo valor es si no exacto, aproximado.

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